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Aprueban primera Ley Modelo sobre Cambio Climático y Alimentación para América Latina y el Caribe

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Es una Ley aprobada por el PARLATINO y apoyada por la FAO, el PNUMA, la Cooperación Española y la AMEXCID. Paralelamente se aprobó la ley Modelo de sistemas comunitarios de agua y saneamiento.

La Junta Directiva del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO) aprobó de forma unánime la primera Ley Modelo sobre Cambio Climático y Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN).

Se trata de instrumento que establece un marco jurídico de referencia, para inspirar leyes nacionales, lo que permitirá a cada Estado implementar políticas y estrategias a nivel nacional.

La Ley aprobada identifica los elementos regulatorios clave para facilitar la implementación de estrategias de mitigación y adaptación, aborda la gestión del cambio climático, y versa sobre los principios que deberían considerarse a la hora de diagramar políticas públicas.

Además, considera la educación sobre estas materias, y hace referencia a la protección de los recursos genéticos frente al cambio climático. También promueve la importancia de prevenir, mitigar, prepararse y responder ante emergencias, entre otros temas.

Cambio Climático y Seguridad Alimentaria y Nutricional

Según la Organización de las Naciones Unidas de la Alimentación y la Agricultura (FAO), existe una importante interrelación entre la agricultura, la seguridad alimentaria y nutricional, el derecho a la alimentación adecuada y el cambio climático.

“Es indispensable que pasemos a la acción para enfrentar el cambio climático y la adaptación de los agricultores”, dijo Ignacia Holmes, Oficial de Agricultura Sostenible y Resiliente de la FAO.

“Esta Ley nos permite avanzar en reconstruir mejor tras la pandemia, con énfasis en medios de producción más sostenibles y resilientes, además de reducir la pobreza y la inseguridad alimentaria”, declaró.

Objetivos de la Ley

“Es la primera ley regional que busca hacer frente de forma explícita a los desafíos que impone el cambio climático global y, al mismo tiempo, responder a la urgente y necesaria transformación de los sistemas alimentarios”, indicó la senadora argentina Silvia Giacoppo, Secretaria Alterna de Comisiones del PARLATINO y punto de enlace para la FAO.

“El objetivo general es establecer los presupuestos mínimos de protección ambiental para garantizar acciones, instrumentos y estrategias de adaptación y mitigación en nuestros países. Todo esto en concordancia con los objetivos específicos del Acuerdo de París”, explicó la legisladora.

Emergencia climática y derecho a la alimentación

La ley contiene un capítulo destinado a las situaciones de emergencia y establece la obligación de los Estados de prevenir, prepararse y responder a varios tipos de desastres vinculados al clima, mitigando el impacto de tales desastres en la seguridad alimentaria y nutricional.

Para Manuela Cuvi, Oficial Jurista del Servicio del Derecho para el Desarrollo de la FAO, “los Estados deben adoptar medidas apropiadas de preparación para las emergencias para garantizar el derecho a la alimentación adecuada”.

“Del mismo modo deben tomar medidas con miras a gestionar de manera sostenible los recursos naturales, así como establecer sistemas adecuados de distribución de alimentos”, complementó.

La Ley Modelo de Cambio Climático y SAN fue apoyada por la FAO, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Cooperación Española y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID).

Estos proyectos de. Ley ahora pasarán a la última instancia de aprobación en el PARLATINO que es su Asamblea General para luego ser enviada a cada uno de los congresos y asamblea nacionales de los 23 países miembros.

Ley Modelo sobre agua y saneamiento

A la Ley Modelo sobre Cambio Climático y SAN se suma otra victoria: la aprobación de la Ley Modelo de Sistemas Comunitarios de Agua y Saneamiento, la que también se aprobó en el PARLATINO.

Este avance – que contó con apoyo de la FAO, instituciones mexicanas (FPH Capítulo Mexico-SEMARNAT-IMTA-AMEXCID) y la Cooperación Española – permite que las comunidades cuenten con una herramienta para exigir su derecho humano al agua y al saneamiento.
En su planteamiento, esta Ley incluye el reconocimiento al derecho de los pueblos y las comunidades indígenas y equiparables sobre las aguas de los territorios que habitan.

Asimismo fomenta la participación responsable, informada y organizada de la sociedad para garantizar la disponibilidad y calidad del agua, en el presente y para las generaciones futuras.

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