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El coronavirus pone en peligro la seguridad alimentaria de 14 millones de personas en América Latina y el Caribe

  |   Red de las Naciones Unidas para el SUN, Red de países SUN

Fotografía: PMA/Karolyn Ureña

A medida que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), América del Sur se torna en el “nuevo epicentro” de la pandemia de la enfermedad provocada por el coronavirus (COVID-19), las medidas que se adoptaron para contener la propagación del virus están generando efectos devastadores en toda la región de América Latina y el Caribe.

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) calcula que el número de personas que padece inseguridad alimentaria grave se podría cuadruplicar de los 3,4 millones que se registraban antes de la pandemia a 13,7 millones en el transcurso de 2020, según un análisis en los países donde tiene presencia.

El PMA lleva adelante proyectos en Bolivia, Colombia, Cuba, República Dominicana, el Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, el Perú y en pequeños Estados insulares en desarrollo del Caribe.

Es posible que la contracción de la economía regional, — que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe estima que será del 5,3 %, la mayor caída de la actividad económica en la historia de la región— afecte en mayor proporción a quienes se desempeñan en el sector informal y deben salir a trabajar todos los días para poder comer. En Bolivia, esto representa hasta el 60 % de la población. Conforme a una encuesta reciente del PMA en nueve países, el 69 % de las 41 000 personas encuestadas indicaron que habían registrado una caída de sus ingresos debido a la pandemia; en este sentido, las más perjudicadas son las mujeres.

“Tratamos de consumir menos alimentos y electricidad. Compramos las verduras de estación para reducir el consumo de otros alimentos y así el dinero nos alcanza un poco más”, señaló uno de los encuestados. Siete de cada 10 encuestados indicaron que tenían miedo de que les faltara la comida. Como dato alarmante, el 17 % de los encuestados de las zonas urbanas afirmó que solo comía una vez al día o no tenía para comer.

El riesgo para los migrantes es probable que se duplique

Las zonas que generan preocupación son Haití, donde del número de personas en situación de inseguridad alimentaria grave podría incrementarse de 700 000 a 1,6 millones, y el Corredor Seco Centroamericano, donde podría aumentar de más de 1,6 millones a cerca de 3 millones. La inminente temporada de huracanes en el Caribe representa otro riesgo.

En Colombia, el Ecuador y el Perú, el COVID-19 podría incrementar la inseguridad alimentaria grave en los migrantes venezolanos que ya se encuentran en extrema vulnerabilidad, de 540 000 a más de 1 millón. La historia de Dayana refleja esta difícil situación. Tenía una peluquería, pero tuvo que abandonarlo todo debido a la crisis en su país; se estableció en las afueras de la capital colombiana, Bogotá, con su esposo y sus tres hijos. Tras el brote del coronavirus, perdió su trabajo en una planta de reciclaje y ahora depende de la asistencia humanitaria. Dayana pertenece al grupo de los 5000 colombianos y venezolanos que recibieron canastas alimentarias del PMA para poder paliar este momento difícil.

El PMA también ha distribuido raciones alimentarias y dinero o cupones — a menudo en forma electrónica para evitar el riesgo de contagio— en Bolivia, el Ecuador y El Salvador. En Colombia y el Ecuador, el PMA habilitó centro de llamadas y números de WhatsApp para brindar información y cerciorarse de que la asistencia llegara a quienes la necesitan.

Sin escuelas y sin comida

En varios países, los cierres de las escuelas por motivo de la pandemia implican que los niños dejan de recibir el almuerzo nutritivo que les servían en la escuela, el cual era para muchos la única comida sustanciosa del día.

Fotografía PMA/Honduras

“La comida que se servía en la escuela era un recurso muy valioso para muchas familias”, relata el profesor Marco Tulio Salgado de Catacamas, una municipalidad en el departamento de Olancho, Honduras. “Hay muchas comunidades donde, en situaciones normales, hay escasez de alimento, no digamos en esta situación de emergencia”. A fin de que los estudiantes y las familias no se queden sin comer, 1500 maestras y maestros del departamento se pusieron manos a la obra junto a los comités de alimentación escolar, integrados por madres y padres de familia, para preparar las raciones alimentarias y asegurar su distribución de acuerdo con los estrictos protocolos de higiene y seguridad.

En todo el país, las maestras y los maestros decidieron entregar las raciones a domicilio; a modo de impedir que haya aglomeraciones en las escuelas, y también como una oportunidad para ver las condiciones en las que estaban sus alumnos. “Pude ver cómo estaban cada uno de mis 48 alumnos y darme cuenta de la alegría con las que recibían las raciones que se les entregaban”, cuenta Dorla Haylock, maestra de jardín de infantes en la comunidad remota de Kaukira del departamento Gracias a Dios. Dorla entregó las raciones casa por casa en su cuatrimotor. “Fue muy triste ver que los niños andaban buscando mangos verdes, pues muchas veces será lo único que comerán en el día”, añadió.

Se debe ampliar la protección de los grupos vulnerables

La magnitud de esta crisis sanitaria y de sus consecuencias socioeconómicas es tal que será imposible que las organizaciones humanitarias puedan atender todas las necesidades que surjan.

“Los programas nacionales destinados a reducir la pobreza pueden jugar un papel esencial en la respuesta a esta emergencia a gran escala”, señaló Miguel Barreto, director regional del PMA. “En años anteriores, trabajamos con los gobiernos de la región para reforzar sus programas de protección social y lograr que puedan responder mejor ante una crisis, como las catástrofes relacionadas con el clima”.

En la región, más de 200 millones de personas — o el 35 % de la población— recibe algún tipo de protección social que les permite resistir crisis importantes. Será necesario ampliar la cobertura de los programas para satisfacer las nuevas necesidades de los beneficiarios actuales y atender a los grupos que se incorporan.

La República Dominicana ofrece un ejemplo de cómo podría funcionar esta medida. En respuesta a la emergencia, a las prácticamente 900 000 familias que ya recibían asistencia se les entrega USD 92,3 más por mes, con un pequeño incremento si se trata de hogares donde hay personas mayores. Al mismo tiempo, se incluyeron otros 700 000 hogares más en el programa, entre ellos, 70 000 familias que se desempeñaban en el sector informal y perdieron su fuente de ingresos. Todos los nuevos beneficiarios reciben una transferencia mensual de USD 92,3 conforme a la iniciativa del gobierno «quédate en casa».

“Ampliar el alcance de los mecanismos de protección social en este momento de crisis marcará la diferencia. Permitirá que las personas que viven al día satisfagan sus necesidades básicas y se cuiden al no tener que salir de su casa”, explica Barreto. “El PMA está dispuesto a ayudar a los gobiernos para que las redes de protección social puedan responder a los desafíos que plantea el COVID-19”.

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