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Según nuevo análisis de Ceres2030 se necesitan USD 10 000 millones para evitar que el COVID-19 desate una crisis alimentaria

  |   Red de la sociedad civil SUN, Red de países SUN

Según el nuevo análisis de Ceres2030, este año se necesitan con urgencia USD 10 000 millones para evitar que millones de personas más sufran una crisis alimentaria como consecuencia de la pandemia de la enfermedad provocada por el coronavirus (COVID-19). La mitad de este importe debe provenir de los gobiernos contribuyentes en forma de ayuda, y el resto debe ser aportado por los propios países en desarrollo.

Si no se consiguen los fondos para los programas de protección social que proporcionen alimentos o dinero a la población de los países en desarrollo, es posible que los progresos de décadas en la lucha contra el hambre se destruyan antes de que termine el año, lo que generará consecuencias de larga duración.

Las repercusiones del COVID-19 en la seguridad alimentaria y la nutrición

En el análisis y modelización económica de Ceres2030 se emplearon datos del informe El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo (informe SOFI 2020) de las Naciones Unidas. Se halló que 95 millones de personas más podrían verse afectadas por el hambre en el transcurso de 2020, sobre todo, en África Subsahariana y Asia Meridional, con lo que se retrocedería a índices que hace casi dos décadas no se registraban.

Se comprobó que si se invirtieran USD 10 000 millones en programas de protección social que asistan con alimentos o dinero, se podría prevenir una crisis alimentaria y lograr que las personas puedan mantener sus niveles y patrones de consumo anteriores a la pandemia. La mitad de este importe debe provenir de los gobiernos contribuyentes en forma de ayuda, y el resto debe ser aportado por los propios países en desarrollo. Este financiamiento representa una inversión complementaria a los fondos que se necesitan para asistir a los 690 millones de personas que ya padecían hambre antes de la pandemia de COVID-19 en 2019, según lo anunciado en el último informe SOFI.

Asimismo es importante señalar el cambio en la alimentación, ya que las personas que viven en la pobreza y tienen menos ingresos están dejando de consumir alimentos más caros y nutritivos —como el pescado, las frutas, las verduras y los productos lácteos— en favor de otros más económicos, pero de peor calidad, como el azúcar, el aceite, el maíz y otros alimentos básicos. Además, los alimentos perecederos corren un mayor riesgo de alteración que los no perecederos. Los alimentos perecederos son importantes fuentes de proteínas y micronutrientes, y el hecho de no consumirlos en cantidad suficiente tendrá un impacto negativo en la salud de las personas.

Cabe mencionar que, incluso antes de la pandemia, se estaba haciendo muy poco a nivel mundial para acabar con el hambre. El número de personas que padecen hambre ha estado aumentando durante cinco años consecutivos según el último informe SOFI de las Naciones Unidas, debido a los conflictos, el cambio climático y la insuficiente acción gubernamental. El COVID-19 ha exacerbado una situación con necesidades ya apremiantes, y los confinamientos están dejando a millones de personas sin trabajo, ni posibilidades de comprar suficiente comida. El número de personas que padecen hambre podría aumentar a niveles no vistos en casi dos décadas, lo que pondría en peligro la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 2 de acabar con el hambre para 2030.

Las soluciones

El análisis de Ceres2030 indica que si los gobiernos logran recaudar USD 10 000 millones —en lo cual, los gobiernos contribuyentes aportarían USD 5000 millones, como mínimo, en forma de ayuda— para destinar a los programas de protección social en África y Asia Meridional, se podría evitar que la crisis nutricional y alimentaria a causa del COVID-19 gane terreno. Los programas de protección social son necesarios a corto plazo para hacer frente a la crisis actual y a largo plazo para proporcionar una red de seguridad y aumentar los ingresos de las poblaciones desfavorecidas.

La protección social es una inversión en las personas, puesto que permite asegurar que siempre tengan los medios para comprar alimentos nutritivos, enviar a los niños a la escuela y obtener la atención médica que necesitan. Asimismo, puede servir para evitar que las personas que enfrentan crisis breves se vean en la obligación de vender su ganado u otros bienes para comprar su próxima comida; o que no puedan alimentar a sus hijos, lo que puede tener consecuencias económicas y sociales permanentes.

Etiopía cuenta con uno de los planes de protección social más eficaces de África. Se trata de una combinación de transferencias en efectivo para quienes no pueden trabajar y planes de capacitación y de empleo público para quienes sí pueden hacerlo, a fin de impulsar la producción agrícola y hacer frente al hambre. Las investigaciones han demostrado que su impacto equivale a reducir la duración del período de carestía en un tercio.

Existe un consenso creciente sobre la necesidad de estas medidas. En respuesta a la crisis por COVID-19, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, emitió un reciente llamamiento a la acción a los gobiernos para que fortalecieran los sistemas de protección social en favor de la nutrición.

Si se implementan las políticas adecuadas de protección social y se consiguen inversiones a largo plazo para crear sistemas alimentarios sostenibles y resilientes, los gobiernos no solo podrán evitar una crisis alimentaria por el COVID-19, sino que podrían volver a encaminarse para alcanzar el objetivo de las Naciones Unidas de acabar con el hambre para 2030.

• ¿Cuánto costaría prevenir la crisis alimentaria por el COVID-19? Descargue el informe (en inglés)

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